El Senado convirtió hoy en ley el proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, que garantiza para integrantes de este colectivo un cupo no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado de los tres poderes.

También incluye a ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado.

La iniciativa, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo víctimas de travesticidios, recibió recibió 55 votos afirmativos, seis abstenciones y uno negativo del cordobés Ernesto Martínez (PRO).

Los seis senadores que se abstuvieron también pertenecen a Juntos por el Cambio: Roberto Basualdo (PyT-San Juan), Julio Cobos (UCR-Mendoza), Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Humberto Schiavoni (PRO-Misiones) y Belén Tapia (UCR-Santa Cruz)  

Luego de que se diera lectura del resultado de la votación, integrantes del colectivo que ocupaban lugares en los palcos del recinto se fundieron en abrazos para festejar y se vivieron escenas de júbilo y emoción.

El cupo laboral trans ya rige en el Poder Ejecutivo y ahora se extenderá ese piso de derechos a los demás poderes del Estado, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de
esta minoría en relación al mercado de trabajo, producto de la histórica marginación social a la que es sometida.

“Estamos discutiendo algo más que el cupo laboral travesti, trans y transgénero, estamos discutiendo si este colectivo va a empezar a tener los derechos que, como ciudadanas y ciudadanos, les corresponde: derechos humanos, de eso estamos hablando”, expresó al abrir el debate la senadora pampeana Norma Durango (Frente de Todos). 

“No quiero mirar para otro lado como si no fuese real que 9 de cada 10 personas trans no acceden a un trabajo formal. Tenemos que reparar lo que hicimos mal como sociedad y como Estado”, reflexionó la senadora del PRO Gladys González.

La fueguina Eugenia Duré (Frente de Todos) afirmó que “este proyecto de acceso laboral es el resultado de una lucha histórica del colectivo travesti trans y es el resultado de
haber transformado ese dolor en sus vidas en resistencia”.

“La negación sistemática de derechos y la violencia institucional, física, económica y sexual son las formas de disciplinamiento de las disidencias; es el castigo que pesa
sobre las identidades que no se corresponden con la visión héteronormativa”, analizó la senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell.

Entre los beneficios que estipula la ley para este personas pertenecientes a este colectivo se encuentra la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.

A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este colectivo.

La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo,
garantizando capacitación para el acceso al beneficio. Por otra parte, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco
los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo. 

Este último punto contenido en el artículo 7 generó reparos por parte de algunos senadores de Juntos por el Cambio, que se abstuvieron o votaron en contra de ese artículo en particular al considerar que no era adecuado intervenir con una ley específica en cuestiones que regula el Código Penal.

La neuquina Alma Sapag (MPN) rebatió el argumento al hacer hincapié en la “mirada criminalizadora” que existe en la sociedad respecto del colectivo travesti y trans y que lleva con mucha frecuencia a abusos policiales contra sus integrantes. 

“No se les puede exigir que no tengan antecedentes contravencionales o penales para acceder al derecho al trabajo, cuando está demostrado que fue desde la sociedad y desde el Estado sostenida esta mirada criminalizadora”, aseveró.