A través de la Defensoría del Niños, Niñas y Adolescentes y del Centro de Asistencia a la Víctima y Protección al Testigo zona Norte (CAV), la Defensoría del Pueblo entiende que estos hechos “vuelven a poner el foco sobre la educación sexual, los vínculos humanos en establecimientos escolares y fuera de ellos”.

La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) rige a nivel nacional desde 2006 pero no todavía en el ámbito provincial santafesino, pese a avances y retrocesos en intentos de aplicarlas desde el Ministerio de Educación y a los alarmantes datos que el documento Defensorial saca a relucir.

“Según datos relevados por el Ministerio de Educación de Santa Fe en el ciclo lectivo 2019 se detectaron, a partir del relato de niñas, niños y adolescentes, 493 situaciones de abuso sexual y 507 de violencia familiar. En 2018 los resultados de las encuestas Aprender arrojaron que alrededor del 80% de los estudiantes piden tener ESI en las escuelas”, dice el pronunciamiento conjunto del CAV zona Norte y la DNNyA.

Subraya que “la ESI es un derecho en sí mismo, pero a su vez permite que otros derechos sean garantizados, incorpora el respeto a la diversidad sexual y de género y el carácter científico y laico de los contenidos. Y si bien, hace hincapié en la prevención de las violencias, y buena parte de los abusos sexuales que se denuncian en la provincia provienen de lo que las niñas, niños y adolescentes manifiestan en esos espacios, la Ley no se reduce sólo a eso. Cuidar el cuerpo, valorar la afectividad, ejercer los derechos, reconocer la perspectiva de género y respetar la diversidad son los ejes sobre los que trabaja la Educación Sexual Integral. Por lo tanto, trabajar la ESI es trabajar desde una perspectiva de derechos humanos”.