El colectivo de discapacidad apunta contra Milei y Pullaro por el ajuste: «Políticas de crueldad y abandono»
Las personas con discapacidad enfrentan barreras en el acceso a sus derechos que no son nuevas. Mantienen una lucha constante por recursos y la escasa visibilidad de sus reclamos. Sin embargo, la llegada de Javier Milei a la Presidencia agravó la situación del sector. Tras promulgar la Ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero suspender su ejecución, la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, aseguró que Milei tiene un «claro objetivo» relacionado con el «beneficio para los sectores que más tienen, en detrimento de aquellos que son más vulnerables».
A contramano del trabajo constante de familias, profesionales y organizaciones que nuclean a este colectivo para hacer efectivo el “modelo social” y respetar las leyes locales y tratados internacionales, la administración de La Libertad Avanza (LLA) retrocedió años de lucha con sus políticas y discursos de odio. El Ejecutivo decidió establecer la ley tras la insistencia del Congreso con mayoría especial en ambas cámaras, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el Decreto 681/2025 invoca el artículo 5 de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, que exigen la inclusión de créditos presupuestarios y fuentes específicas para leyes con impacto fiscal.
En el texto oficial, el gobierno de Milei apuntó que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Justificó que si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”.
Frente a esta nueva embestida, Chapero afirmó que «no efectivizar la ley de emergencia en discapacidad implica una decisión política» y «no tiene que ver con la disponibilidad o no de recursos». «Esto implica un posicionamiento que abandona a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que hace mucho tiempo que vienen siendo castigadas. Son un sector históricamente invisibilizado, un sector históricamente postergado», advirtió sobre las constantes decisiones que tomó la gestión libertaria.
«Parece una broma, pero no es nada que no esperábamos», afirmó sobre la desidia que padece el colectivo en todo el país. Si bien aclaró que hubo otros momentos en los que se implementaron «políticas que han pretendido a ir en el camino de restituir los derechos de esta población», sostuvo que «en este momento realmente parece más un camino inverso, ya que no acceden a condiciones que son fundamentales para vivir».
El crédito presupuestario disponible, sin afectar partidas de servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubre el costo total estimado de la reforma. “Para cumplir con la ejecución de la Ley N.º 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señalaron en el texto que publicó el Gobierno nacional. En este marco, la representante del sector de discapacidad relacionó la argumentación con otras medidas tomadas: «El mismo día en que se ubica que no se va a implementar la ley, se eliminan retenciones con el objetivo de sostener objetivos que lejos están de contemplar las necesidades de la población, pero que generan como consecuencia el mayor enriquecimiento de los sectores que más poseen», dijo y eludió a la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones agrícolas hasta el 31 de octubre que dispuso el Ministerio de Economía.
Frente a la decisión del Ejecutivo, una docena de instituciones presentó ante Defensoría del Pueblo un reclamo para que ese organismo exija «el estricto y efectivo cumplimiento de la ley promulgada, sin dilaciones ni condicionamientos adicionales de financiamiento para su aplicación». «Lo que solicitamos es que el defensor del pueblo ponga freno a las políticas de crueldad y abandono a una población que cada día que pasa presenta mayor grado de vulnerabilidad», dijo la presidente de Apridis en declaraciones para este medio.
La carta lleva la firma de entidades involucradas directamente en el tema: además de Apridis, también elevaron su voz la Asociación de Transportes Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes), Movimiento de Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario, TGD Padres TEA Rosario, Observatorio Mercedes Pagnutti y los colegios profesionales de Psicólogas y Psicólogos, de Fonoaudiólogos, de Trabajo Social, de Psicopedagogos, y la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, entre otras. En paralelo, desde la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) se informó que diputados y organizaciones iniciaron «acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad». «Si el 4 de octubre la ley no está en plena vigencia, se ampliará la denuncia ante la Justicia«, advirtió la entidad que agrupa también a los prestadores de transporte en la provincia de Santa Fe.
Bajas injustificadas de pensiones en Santa Fe: «No conocemos un solo caso de alguien que no cumplía con los requisitos»
El plan de crueldad por goteo con auditorías masivas que llevó adelante el Gobierno desembocó en el dato que confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: se dieron de baja 111.463 pensiones por invalidez. «Es un número que de lo único que habla es de la intención pura y dura de recortar, un indicador de que solo interesan las cifras y no las personas y el ejercicio de sus derechos», advirtió Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las personas por la Discapacidad. La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 había dado una pauta: en ese texto, el Gobierno prevé que entre este año y el próximo habrá 155.606 pensiones menos (sobre un total de 1.133.549 en la actualidad).
La presidenta de la asociación civil Incluime, la abogada Mariela Peña, alertó sobre la grave situación que atraviesan cientos de personas con discapacidad en Santa Fe tras la suspensión masiva de pensiones no contributivas. Según detalló, hasta junio, el 30% de los beneficiarios en la provincia vieron interrumpido el cobro, en muchos casos sin haber sido debidamente notificados.
En ese panorama de persecución, Chapero señaló en declaraciones para este medio que «todas las pensiones que han dado de baja, en ningún caso, fue porque la persona no tiene discapacidad o no cumple con los requisitos para la pensión, sino que no fueron notificados y se les dieron de baja automáticamente». «No conocemos un solo caso de alguna persona que haya sufrido la baja de su pensión porque no cumplía con los requisitos. Si existen, por supuesto, que corresponde que se den de baja. El tema es que se habla sobre la nada misma. En el medio hay un montón de personas que perdieron su pensión y que la necesitan porque dependen de ella para comer», apuntó sobre los recortes sin justificación.